Las usurpaciones de terrenos desocupados no se dan solamente en la Ciudad de Buenos Aires; sino que en el conurbano bonaerense son muchos municipios los que se ven afectados por las tomas.
Hace pocos días, el intendente de Florencio Varela,
Julio Pereyra, se presentó ante la Justicia, para denunciar, con el apoyo de todas las expresiones políticas, la toma masiva de tierras que se vienen sucediendo sistemáticamente en todo el distrito, y para que se investigue la posible injerencia de una organización que las impulsa.
En este sentido, Pereyra, quien realizó la presentación en la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº 4 de Florencio Varela, a cargo de la fiscal
Nuria Gutiérrez, explicó que “existe un armado estratégico, organizado y sistemático de las tomas, donde aparecen siempre los mismos actores, con la existencia de narcotráfico, delito a la propiedad y comercialización de ese delito con la venta de esas tierras”.
Pero no todos los intendentes se toman el tema de la misma manera. A diferencia de Pereyra, en otros casos, son los propios jefes comunales a los que se los señala como responsables de las usurpaciones. Y en este caso, son muchos los vecinos del municipio de San Vicente, comandado por el kirchnerista
Daniel Di Sabatino, que denuncian que el mandatario está relacionado con las tomas de terrenos en el distrito porque detrás se esconde un negocio inmobiliario.
Si bien las denuncias por la toma de terrenos en el municipio de Di Sabatino volvieron a surgir por estos días, este tema tiene larga data. Las acusaciones contra el mandatario comenzaron por el 2012, cuando un grupo de personas fue detenido por usurpar y vender campos para desarrollos inmobiliarios mediante operaciones fraudulentas en el distrito. Uno de los apresados había sido
Ariel Heine, que habría tenido relación con funcionarios del Gabinete municipal y hasta habría sido “guardaespaldas” del jefe comunal. Heine pasó ocho años preso en la cárcel de Olmos, condenado por robo calificado. Otro de los atrapados, de nombre
Mariano del Río también habría tenido vínculos con el oficialismo y habría sido empleado municipal.
Según había informado en aquel momento,
Marcelo Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, “la operatoria comenzaba con la falsificación de las firmas de los legítimos dueños, se confeccionaban boletos de compra-venta apócrifos y se inscribía el bien en el Registro de la Propiedad a nombre de personas vinculadas a la organización delictiva, que luego tomaban esas propiedades con desalojos de los cuales participó en varias oportunidades, la fuerza policial bonaerense”.
http://www.terceraseccion.com/nota.asp?n=2014_3_21&id=22271&id_tiponota=17
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